Dinero, mentiras y videos: la buena vida del policía que enredó el caso Ayotzinapa

Artículo publicado por VICE México.

En un vuelco de roles, el investigador del caso Ayotzinapa será investigado por manipular evidencia sobre los 43 estudiantes desaparecidos en la trágica noche de Iguala. Se llama Tomás Zerón de Lucio y fue un polémico funcionario policial que le costó a los mexicanos 12 millones 324 mil 940 pesos, por una labor cuyo sello fue orquestar mediáticamente la llamada “verdad histórica”.

Esa cantidad es lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) le pagó mientras ocupó la dirección de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y luego la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), de 2013 a 2018, según consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia.

La dirección de la AIC, una unidad creada en la administración peñanietista en el seno de la Procuraduría General de la República (PGR), la ocupó durante 36 meses, de septiembre de 2013 a septiembre de 2016, con un sueldo bruto de 194 mil 708 pesos. Renunció al cargo y duró en el desempleo apenas unas horas, pues enseguida fue nombrado secretario técnico del CSN, puesto en el que percibió 204 mil 440 pesos durante 26 meses.

Ahora, este exfuncionario que hasta hace unos meses pertenecía a la alta burocracia, se ha convertido en la primera figura pública que será investigada por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa. Al instalar ese órgano, el pasado 15 de enero, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, recordó que la investigación sobre Zerón de Lucio forma parte de una recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A su vez, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el objetivo principal es el esclarecimiento de la verdad para dar paso a la aplicación de la justicia sin importar quiénes o qué cargos ocupaban.

Al siguiente día de que su nombre fuera pronunciado por los integrantes de la Comisión, Zerón de Lucio envió un comunicado a los medios en el que sostuvo estar dispuesto a ser investigado. Estas fueron sus palabras: “Con relación a la declaración del día de ayer, en el sentido de que se me investigará, hago de su conocimiento mi disposición hacia esta Comisión, como lo he hecho y haré con todas las autoridades que han intervenido en la investigación del caso. Reitero de nueva cuenta que mi desempeño personal siempre fue apegado a derecho, a favor de los estudiantes y sus familias, siempre con la firme convicción de llegar a la verdad de los hechos”.

Zerón de Lucio obtuvo la Licenciatura en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional en 1995 y a partir de entonces trabajó en la Iniciativa Privada en áreas de finanzas. A la Administración Pública Federal ingresó en 2007, como coordinador de Control Policial de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Genaro García Luna, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). En esa posición estuvo sólo cinco meses. Fue destituido después de que 50 sicarios de un grupo criminal se enfrentaron a balazos con policías de los tres niveles de gobierno en Cananea, Sonora, lo que derivó en un saldo de 22 muertos, entre sicarios, agentes del orden y civiles.

Peña Nieto lo nombró en 2013 director de la AIC y bajo su cargo quedó la Policía Federal Ministerial, la Coordinación general de Servicios Periciales y el Centro de Inteligencia para el Combate a la Delincuencia. Así, se convirtió en pieza clave de la investigación del paradero de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando iban a bordo de varios autobuses en una carretera de Iguala, en el mismo estado.

Sus pesquisas aportaron elementos a lo que la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, presentó como “verdad histórica”, una narrativa basada en el hecho de que los cuerpos de los 43 habrían sido incinerados al grado de la desaparición, en un basurero de Cocula. Fue justo en ese sitio en el que se encontró una bolsa con restos humanos, de donde –según la PGR– se extrajo un pedazo de hueso que ayudó a identificar a uno de los normalistas, Alexander Mora Venancio.

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Pero la llamada “verdad histórica” fue cuestionada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Uno de los argumentos presentados fue un video en el que aparece Zerón de Lucio, en una visita sigilosa al río San Juan, el 28 de octubre de 2014, justo un día antes del hallazgo de la bolsa. En esas imágenes –tomadas por el periodista José Manuel Jiménez, y que aparecen en el documental Mirar morir: el Ejército en la noche de Iguala (2015)– se le ve con un testigo y presunto integrante de Guerreros Unidos, Agustín García Reyes, alias El Chereje, quien cuatro años después fue liberado por violaciones al debido proceso e indicios de tortura, como consignó el diario Milenio.

Desde entonces, los padres de los normalistas y diputados de diversos partidos, así como defensores de derechos humanos, pidieron que fuera investigado por presunta manipulación de evidencia, rechazada en su momento por el funcionario. Algunos activistas le pusieron el mote de “Tomás Zembrón”, por su presunta participación en sembrar o inventar evidencias.

A pesar de la controversia, Zerón se convirtió en uno de los funcionarios más estables del gabinete de Peña Nieto. Otro con la misma característica fue Alfredo Castillo Cervantes, quien ocupó varios cargos policiacos y luego terminó en la Comisión Nacional del Deporte (Conade).

Zerón de Lucio y Castillo Cervantes coincidieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en 2010, cuando ambos participaron en las pesquisas de la muerte de la niña Paulette Gebara, quien después de ser buscada durante nueve días, apareció… debajo de su cama. El primero fungió como coordinador de Investigación y Análisis y el segundo como subprocurador, primero, y procurador al momento de entregar los resultados de una indagación judicial ampliamente cuestionada.

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El poder y amistad de Zerón de Lucio con los hombres cercanos a Peña Nieto era tal que en sus mejores tiempos su oficina estaba en la parte alta del edificio de la PGR de Avenida Reforma, al mismo nivel que la entonces titular, Arely Gómez González, como publicó La Jornada hace dos años .

Mientras los padres de los 43 desaparecidos, diputados del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como defensores de derechos humanos, pedían su renuncia y además, una investigación de su desempeño en las pesquisas de Ayotzinapa, Zerón de Lucio permaneció en la alta burocracia. Gozó de prestaciones como el colectivo de retiro, que se otorgaba por los años de servicio; gastos médicos mayores que cubrían hasta 295 días de salario mínimo, así como un seguro de separación individualizado, un ahorro que ampara a los funcionarios cuando dejan su encargo.

En una década en el gobierno federal, Zerón de Lucio dejó en el historial de la Secretaría de la Función Pública nueve declaraciones patrimoniales. Sólo dos, las presentadas en 2007, cuando fue coordinador de Control Policial de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, son públicas. Ese año, Zerón de Lucio era dueño de dos casas, una de 153 metros cuadrados construidos y adquirida a crédito en 1994 y otra de 82 metros cuadrados comprada al contado en 2006. Tenía seis automóviles: dos BMW, un Mini Cooper, una camioneta Chevrolet, un Volkswagen Touareg y un Honda Accord. También era dueño de cadenas, relojes y anillos con piedras preciosas.

Durante el gobierno de Peña Nieto, Zerón de Lucio jamás hizo pública una sola declaración patrimonial. “No estoy de acuerdo en hacer públicos mis datos patrimoniales” y “no estoy de acuerdo en hacer públicos mis posibles conflictos de interés”, son frases que suscribió una y otra vez mientras ocupó los principales cargos de la AIC y el CNS.

La Comisión de la Verdad acordó el pasado 23 de enero pedir asesoría técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y algunos ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para dilucidar irregularidades en la investigación criminal del Caso Ayotzinapa, como posible tortura de testigos, que derivó en la liberación de algunos de ellos.

Esta Comisión contará con recursos suficientes en su búsqueda de la verdad, pues en el presupuesto de 2019 se destinaron más de 400 millones de pesos “para acciones de búsqueda de personas desaparecidas”, como se lee en la exposición de motivos (página 35).

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A mediados de febrero acudirán al periodo de sesiones de la CIDH para delinear los términos de la colaboración en estas pesquisas, que tienen muchos cabos sueltos en los que dejó huella el investigador que ahora será investigado: Tomás Zerón de Lucio.

Linaloe R. Flores en Twitter: @Linaloe_RF

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