México contra la violencia de género

Parece que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México no está dando resultados. Según la diputada Martha Lucía Micher, creadora y precursora de la ley en 2007, ésta es una de las leyes más avanzadas a nivel mundial en materia de protección y prevención de violencia contra las mujeres. Lamentablemente (tal como lo dijo en el Conversatorio que se originó para que expertos en el tema dieran posibles propuestas de reforma a la Ley General de Acceso) a más de siete años de su entrada en vigor, existen millones de mujeres en México que siguen siendo violentadas.

Esto se debe, en parte, a que esta ley no se encuentra completamente empatada con el Código Civil, ni el Código Penal, lo que provoca que muchas de las denuncias se vuelvan nulas. Eso, aunado a la antipatía de los funcionarios públicos en México, genera que la brecha de desigualdad de género que hay dentro del país continúe. Según María de la Paz López Barajas, especialista en estadística y políticas de igualdad de género de ONU Mujeres en México, sólo el 12 por ciento de las mujeres que sufren violencia sexual o física dentro del noviazgo o matrimonio denuncia. De esas, sólo el 30 por ciento sigue el proceso legal correspondiente y el resto, que equivalen a 70 por ciento, mencionan que debido a que no se les dio importancia al momento de la denuncia, desisten.

Debido a esto el 15 de diciembre de 2014 se lanzó la nueva iniciativa de Ley General de Acceso, que ahora debe ser revisada por diputados correspondientes, y que además contempla una página de internet para que las mujeres de México puedan dar sugerencias para mejorar la reforma. Dentro de la nueva propuesta se planea incluir la violencia sexual y obstétrica, así como ampliar el tiempo de la emisión de órdenes de protección (las cuales sólo protegen a las mujeres durante un periodo 72 horas después de la agresión). Asimismo, se ha estipulado que la policía debe dar protección a la víctima dentro de las primeras ocho horas desde que se reporte la agresión a las autoridades. Además se obligará a los estados a generar capacitación certificada para que los servidores públicos puedan dar un servicio de calidad a las mujeres víctimas de violencia.