No es fácil ser 'indepe' en España

Algo más de tres millones de ciudadanos españoles querrían dejar de serlo. Como ya sabemos, la gran mayoría de quienes firmarían coger la puerta ahora mismo y decir “ahí te quedas, España” para montar la república independiente de su tierra, está en Cataluña y Euskadi, pero también en otros rincones del país: desde Galicia a Andalucía pasando por León o Canarias, el independentismo es una realidad extendida y normalizada, más o menos activa en cada lugar y momento: una opción política tan aceptada como otras. Y no minoritaria.

De juntarse esas voluntades de decirle a España “venga, a seguir bien, ya nos veremos en Eurovisión” en torno a un único partido político, este representaría una gran fuerza de un tamaño similar al de Ciudadanos en las últimas elecciones. Numerosa o no, como toda opción política no violenta, la corriente indepe debe tener cauces reales por los que circular. ¿Los tiene? ¿Se puede ser indepe en la España de hoy, visto lo visto en los últimos tiempos?

Esta pregunta habría tenido tan poco sentido hace un par de años como sencilla hubiera sido la respuesta entonces: pues claro que se puede ser indepe en España. La respuesta, hoy, no es tan simple. Incluso los ateos de banderas, lejanos a esas historias de las patrias, conocemos a alguien que daría un dedo meñique por dejar de ser español y ver aparecer en su pasaporte la bandera de su tierra chica. Y esa persona a la que conocemos estará probablemente libre, no en prisión. Por tanto, habría que concluir que se puede.

“Los que están en la cárcel, lo están por haberse saltado la ley, no por ser independentistas”, nos explican desde el telediario y el Gobierno. ¿Y cuáles son esas leyes que se han saltado? Vayamos a la Constitución española, regla máxima a día de hoy para el español del torito y el indepe de la estelada: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". La Constitución parte de la base de que España es indivisible, es decir, no permite que ningún territorio de España deje de serlo de ningún modo y por ningún motivo. Todo empieza y acaba ahí y no hay opción a más debate. “Pero… de forma pactada —no de forma unilateral, como han hecho los líderes encarcelados del procés catalán— se puede hablar de todo, ¿no?”.

Es la típica reflexión bienintencionada que nos podemos encontrar en cualquier desayuno con los compañeros de trabajo o de cervezas con los amigos. Pues no, de todo no se puede hablar, o al menos no se puede hablar si el objetivo de hablarlo es llevarlo a cabo. Y tampoco es un asunto político. Sería —cuidado que vienen curvas— militar, ya que estaría el ejército para impedir que pasase. Nos lo explica de nuevo bien clarito la Constitución, la Biblia española, en su polémico artículo 8: "Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial".

De-fen-der su in-te-gri-dad te-rri-to-rial. El ejército, sí. Más claro no nos lo pueden decir. Si tenemos en cuenta que la Constitución no permite la posibilidad de la independencia de un territorio (da igual el consenso político o social que existiese) y cita expresamente a los barcos, tanques y aviones del ejército como garantía de que esto no pasará nunca, ¿dónde queda esa vía política del independentismo? ¿Hasta qué punto del recorrido se puede ser indepe en España? ¿Por qué estamos viendo a líderes independentistas catalanes desfilar por las cárceles y las fronteras? Empecemos por la última pregunta.

La respuesta, siendo honestos, es que los líderes del procés son detenidos porque han pasado de decir que son independentistas a intentar la independencia —de forma muy cutre y simplemente simbólica— lo cual, efectivamente, es un delito. La mayoría de líderes independentistas encarcelados a día de hoy son acusados de uno de los puntos más graves que el código penal español tiene disponible en su catálogo: la rebelión. Treinta años de cárcel. Según las leyes españolas, el delito de rebelión consiste en lo siguiente: “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente…”.

Lo cierto es que, hasta la fecha de hoy y siendo honestos, podemos decir que los líderes del procés organizaron un referéndum chapucero y una declaración de independencia sin contar con la mitad, que nadie tomó demasiado en serio, pero no podemos decir que se alzasen de forma violenta. De ninguna manera. Eso no ha sucedido, pero un juez, Pablo Llarena, los acusa de ello con el siguiente argumento: esto ha sido como un golpe de Estado y un golpe de Estado es, por definición, una situación violenta contra el Estado. Un argumento absurdo (la violencia no es interpretable, o existe o no) que nos serviría para ser acusados de rebelión por, no sé, ponerle a Rajoy un vídeo con goles de Messi ante el Madrid. “Ha violentado usted al Estado”, nos diría el juez Llarena y tendríamos que elegir destino donde escondernos las próximas décadas.

Bromas aparte, ¿por qué esta interpretación tan cogida con pinzas de las leyes que, como decía la vicepresidenta Soraya, ha descabezado el independentismo catalán? La respuesta es simple: porque las leyes y, sobre todo, los poderes del Estado jugando al tiki-taka de surfear su propia ley al límite, permiten convertir de un día para otro una opción política como el independentismo en un acto delictivo.

Todo esto solo ha sido una lección para indepes: las líneas están aquí, chicos. Una demostración de fuerza en una situación muy lejana a la posibilidad real de que se pusiera en peligro la in-te-gri-dad te-rri-to-rial sobre la que gira la Constitución.

Tan lejano ha sido esto a una posibilidad real de independencia que el ejército no ha movido un dedo, como dice que debería hacer en esos casos el Artículo 8. Todo lo que vemos a día de hoy, esos políticos independentistas entrando en prisión o cruzando la frontera para esconderse en Suiza o Bélgica, no es más que un mensaje claro aunque venga oculto tras argumentos legales: en la España de hoy uno se puede llamar a sí mismo independentista, siempre y cuando no intente serlo de manera real. No lo sea.